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A. LE FLOCH
La entidad indaga si 13 ingenios hicieron prácticas desleales y fijaron precios para liquidar la caña de azúcar, perjudicando a los proveedores.
Algunas de las empresas azucareras más importantes del país están en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). ¿La razón ? Prácticas anticompetitivas. La recomendación que Jorge Enrique Sánchez —delegado de la SIC para la promoción de la competencia— le entregó a la cabeza de esta entidad, el superintendente Gustavo Valbuena Quiñones, es que sancione a 13 ingenios y a 10 de sus representantes legales por haber conformado un ‘cartel’ para fijar el precio de la caña que se utiliza para la producción de azúcar y del alcohol carburante.
El proceso tuvo origen en abril de 2004, cuando la Asociación Colombiana de Proveedores y Productores de Caña (Procaña) denunció que los industriales estaban tomando ventaja en la compra de caña destinada para la producción de etanol, a pesar de que la relación de participación, por décadas, había sido de una repartición de ganancias entre ingenios y proveedores de 50/50. La denuncia se transformó en una investigación formal en marzo de 2007. Para esa fecha, la SIC ya había encontrado elementos que, a su juicio, indicaban la existencia de unos acuerdos entre ingenios que tenían tinte de irregulares.
En Colombia, la libre competencia económica se considera un derecho y está reglamentada desde hace varias décadas. En estas normas, que identifican los acuerdos y abusos de posición dominante como prácticas restrictivas de este derecho, se apoyó la SIC para dar pie a sus indagaciones, las cuales están a punto de traducirse en un fallo conciso. Por haber fijado pactos, supuestamente, a la hora de negociar con los proveedores de caña, los ingenios Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez, Risaralda, Castilla, Riopaila, San Carlos, Carmelita, Pichichí, La Cabaña, María Luisa y Tumaco están bajo escrutinio.
Estas organizaciones generaron sospechas en la SIC por haber fijado, presuntamente, el precio de la caña con la que se produce el azúcar sin tener en cuenta la oferta y demanda del mercado. Pero, además, las primeras cinco también despertaron suspicacias por los precios con que liquidan la caña que se utiliza para producir alcohol carburante. Son 13 ingenios bajo la lupa. Su poder radica, según datos de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), en que éstos controlan el 99,7% de la producción de caña de azúcar de todo el país.
Para recomendar sanciones contra los ingenios y sus representantes legales, el superintendente delegado Jorge E. Sánchez escarbó en los archivos privados de las compañías. Encontró que no hay sustento técnico que justifique que los proveedores reciban un pago equivalente a 58 kilos de azúcar por tonelada de caña de azúcar, que es el pago, según la SIC y la misma Procaña, que reciben los proveedores. Que no hay razón para no aumentar esa liquidación si el rendimiento de la caña supera los 116 kilos de azúcar por tonelada de caña. Y que, extrañamente, los representantes de las compañías de este sector se reúnen periódicamente.
La SIC halló más elementos. Por ejemplo, un “acta de acuerdo” que data de 1992, en el que se establece que el precio máximo a pagar por tonelada de caña de azúcar será el equivalente en dinero a 58 kilos de azúcar. El documento no está firmado por los representantes legales que allí figuran, pero está sellado por Juan José Lülle, entonces presidente de Incauca, y fue elaborado en papel membreteado de esa empresa. Otra cosa que llamó la atención de la Superintendencia fue el constante intercambio de correos entre ejecutivos de los ingenios con lo que, al parecer, es información reservada que las compañías no compartirían con sus competidores.
En un documento de 147 páginas, conocido en su totalidad por El Espectador, la SIC sustentó por qué estas empresas, que habrían cometido prácticas desleales, merecen sanción. Sin embargo, los ingenios no encuentran asidero en tales acusaciones. Nestor Humberto Martínez, ex ministro del Interior y abogado defensor de Pichichí, Carmelita y María Luisa, le explicó a este diario que “se ha logrado acreditar a lo largo de la investigación que los precios que se pagan por la caña a los proveedores son distintos entre los ingenios y entre cada proveedor, y no se limita a la fórmula de los 58 kilos”, afirmó Martínez.
Gabriel Ibarra, jurista que representa a Incauca, Risaralda y Tumaco, expuso que estas formas de liquidación vienen de décadas atrás, pero que no corresponden a ninguna concertación previa : “Hay elementos de juicio que en sus contextos tienen explicación. Muchos de esos correos hacen referencia a información que se iba a mandar al Ministerio de Minas, por ejemplo”. Por su parte Alfonso Miranda, que asesora legalmente a Manuelita, La Cabaña, Mayagüez, y Riopaila Castilla, expresó que los ingenios acatarán lo que determine la autoridad. No obstante, resaltó que éste es un negocio en el que ambas partes comparten el riesgo y las utilidades por igual siempre.
El resultado de esta investigación, que se conocerá el próximo año, reposa en manos del superintendente Gustavo Valbuena. Los ingenios están confiados en que no serán sancionados pues, refutan, siempre han mantenido la ecuación 50/50 de utilidades en el negocio, incluso cuando la caña de azúcar es más productiva que la tasa promedio. El tema del alcohol carburante aún es difuso, pues sigue siendo el Gobierno, con base en la tasa de gasolina, el que decreta mes a mes su valor en el mercado. Los proveedores, por su parte, piden que se concrete una reunión con el Ministerio de Agricultura y los industriales, con el fin de hacer de éste un negocio totalmente transparente. Y en este contrapunteo, será Valbuena quien tenga la última palabra.