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Sin duda alguna el cambio climático es uno de los problemas que más preocupan a los movimientos ambientalistas en el mundo entero y en nuestro país, y no es para menos ; somos un país vulnerable en todos los aspectos, los copiosos inviernos y los fenómenos naturales han puesto en jaque muchas veces a nuestro país, pero eso no es todo, El Salvador se enfrenta a problemas ambientales que incluyen la deforestación, la erosión del suelo, el agua y los suelos contaminados con el uso de herbicidas tóxicos y fertilizantes durante las siembras de algodón y caña de azúcar.
Según datos estadísticos, El Salvador es el segundo país más deforestado en el hemisferio occidental, superado solamente por Haití. Sólo el dos por ciento de los bosques primarios que existieron hace 50 años sigue existiendo hoy en día.
La quema y el uso de fertilizantes tóxicos en las siembras de caña de azúcar es uno de los temas que más preocupa al Movimiento para la Defensa de la Vida y los Recursos Naturales, un movimiento social que aglutina a miembros de las unidades de medio ambiente de algunas municipalidades de los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután, así como la ya conocida Asociación de Mangle y el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (ICMARES).
En Jiquilisco, por ejemplo, han sido identificados muchos casos de insuficiencia renal, situación que preocupa a las autoridades locales, según Estela Hernández, miembra de este movimiento, el uso de madurativos y otros químicos rociados desde el aire a los sembrados, colabora en gran medida a la propagación de esta enfermedad. Otra situación que preocupa al movimiento es la quema de los cañales, ya que contamina al medio ambiente y termina con la vida de la fauna que habita en estos sembrados.
El gobierno local de Jiquilisco ha pedido a las autoridades de Medio Ambiente decretar emergencia ambiental, ante el incremento de casos de insuficiencia renal, y evitar que ocurra lo sucedido en san Juan Opico, donde se encontró altas cantidades de plomo en el suelo, agua, cultivos y sus habitantes mismos. “Ahora que hemos venido a San Pedro Masahuat me asombra ver que los cañales están a la par de las casas, ¿cómo lo harán esta gente cuando le dan fuego ?” Intervino Rubén Sosa, de la unidad ambiental de la municipalidad de Tecoluca, que también participa en esta mesa.
Para Sosa, este trabajo no es exclusivo de las unidades ambientales de cada municipalidad, sino un trabajo conjunto de todas las fuerzas vivas que son afectadas, los pobladores, gobiernos locales, asociaciones comunales, etc.
Rutilio Díaz es un abogado perteneciente al ICMARES y un hombre comprometido al trabajo de este movimiento, “El ICMARES acompaña en la parte técnica, los biólogos de la universidad están trabajando en esto, dar capacitaciones a las comunidades, y por mi parte como abogado elaborar las propuestas de ordenanzas, de aplicación de la ley, etc.”
Como fruto del trabajo del equipo ha surgido la redacción de una ordenanza para ser analizada en los concejos municipales y ratificarla para su entrada en vigor, esta lleva por nombre « Ordenanza para la Protección, Recuperación y Manejo de Recursos Naturales Recursos y Medio Ambiente ». Según Díaz, “Lo central de esta ordenanza es proteger la vida y la salud de las personas, ¿Y esto como se logra ? Protegiendo el medio ambiente”, aseguró.
Una vez que esta ordenanza sea ratificada, Díaz cree que será más capaz de « ayudar a poner fin a esta crisis ecológica y a los crímenes ecológicos que se cometen en las comunidades ». Para el movimiento, la práctica que se ha venido haciendo por las administraciones de Medio Ambiente en gobiernos anteriores debe acabar. “El problema es que durante años, se explotaron los recursos de nuestros municipios sin pedir permiso a las municipalidades porque ya tenían (los constructores o predadores) la venia de las autoridades e ignoraban la autonomía de los gobiernos locales”, apuntó Wilfredo Cerrato de la Unidad Ambiental de San Pedro Masahuat, también participante de este movimiento.