Los índices de mortalidad de la población han forzado al gobierno municipal a construir uno nuevo.
Martínez trabajó de sol a sol durante 30 años en diferentes empleos del ingenio San Antonio, un central azucarero de la zona fundado en 1890, propiedad de la influyente familia Pellas.
El ingenio produce el 80 por ciento de las exportaciones de azúcar de Nicaragua a Estados Unidos.
''El azúcar que sale de aquí a Estados Unidos lleva la sangre de cientos de trabajadores nicaragüenses y eso nadie lo quiere escuchar'', dijo Juan Salgado, dirigente de la Asociación de Enfermos Chichigalpa por la Vida, un grupo de ex trabajadores que promueve una indemnización para las víctimas.
''Trabajamos para ellos [la familia Pellas] toda una vida, y nos botaron a la calle cuando descubrieron que estábamos enfermos como hacían los romanos con los esclavos que no les servían más'', agregó Salgado, quien trabajó 31 años para el central y ahora también sufre la enfermedad.
Los Pellas son propietarios de un conglomerado de empresas entre las cuales está BAC Credomatic Network, una red financiera reconocida como la más grande en Centroamérica en el funcionamiento de tarjetas de crédito. La red tiene un banco en Coral Gables.
Alvaro Bermúdez, director administrativo del ingenio San Antonio, considera que la acusación no tiene fundamento, pues su empresa, no sólo por una cuestión de moral, sino de imagen, según explicó, ha hecho todo lo que está a su alcance para que se investiguen las causas de la enfermedad.
El ingenio ha ofrecido su cooperación a los últimos tres gobiernos del país, agregó Bermúdez, para que se investigue el origen de la epidemia, pero ``no se hizo nada''.
''Hay un problema que es real, hay una epidemia que es real, hay una enfermedad que es muy triste y muy difícil'', dijo Bermúdez. 'Y hay una empresa que quiere apoyar el entorno social y que va al gobierno y dice: `Hay este problema, ataquémoslo'. Pero resulta que sólo a la empresa nada más se le vuelve a pedir explicación. Ahora resulta que la empresa puede ser la del problema. Entonces no lo vamos a solucionar porque la empresa no es la del problema''.
Los registros del centro de salud del pueblo muestran que la crisis va en aumento.
Hay 2,000 enfermos de IRC, cuya expectativa de vida no es más de 10 años.
La cifra fue mencionada por el médico Edwin Reyes, del Ministerio de Salud de Nicaragua en una reunión con El Nuevo Herald. Reyes obtuvo las estadísticas en un reciente conteo en el Centro de Salud Julio Durán Zamora, dispensario del gobierno en Chichigalpa, un pueblo de 62,000 habitantes situado al pie del volcán San Cristobal, 124 kilómetros al noroccidente de Managua.
Son tan altas las cifras de trabajadores con la enfermedad en esta zona que hace tres años la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo presión de los campesinos, aprobó una ley que convirtió la deficiencia renal en una enfermedad laboral.
Algunos de los trabajadores enfermos que son despedidos reciben una pensión del seguro social, acogiéndose a la ley que estableció que la IRC es una enfermedad laboral. Pero lograr que el seguro otorgue la pensión es otro calvario, pues los enfermos deben probar que han cotizado un mínimo de tiempo, aunque la ley.