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SIREL dialogó con Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, para conocer la
situación que todavía se está viviendo en Chichigalpa y los avances en las
negociaciones.
Después de participar, junto a los bananeros afectados por el nematicida
Nemagón en la histórica Marcha sin Retorno de 2005, los cañeros reunidos
en la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica
(ANAIRC) se han sentado a negociar con las principales instituciones de
Nicaragua, logrando abrir una brecha en el complicado enredo de política,
burocracia y falta de interés, pero sin llegar todavía a un satisfactorio
cumplimiento de los diferentes acuerdos firmados a lo largo de más de un año
de lucha.
SIREL dialogó con Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, para conocer la
situación que todavía se está viviendo en Chichigalpa y los avances en las
negociaciones.
-¿Cuál es la situación de los ex trabajadores afectados por IRC en este
momento?
-Las cosas se han puesto mucho más graves que cuando la Rel-UITA nos visitó
para el primer reportaje. Era enero de 2006 y desde entonces hemos tenido un
crecimiento muy acelerado de la mortalidad. Actualmente se están muriendo de
cuatro a cinco compañeros cada día, y justo hoy hemos enterrado a dos
compañeros por la mañana y vamos a enterrar a otros dos por la tarde.
-¿Tienen contabilizado cuánta gente ha muerto hasta el momento?
-Son casi 1.700. Es una cantidad impresionante que nos preocupa, sobre todo
por el ritmo acelerado de muertos que ha habido en estos últimos meses. La
situación se ha agravado aún más porque de los acuerdos que firmamos con el
gobierno en mayo de 2005 respecto a la salud, no se ha cumplido casi nada.
La gente sigue esperando su medicamento, la hemodiálisis, pero todavía no ha
visto absolutamente nada de eso. Para nosotros, cada minuto que pasa son
vidas que se pierden y la muerte no espera.
-Tengo entendido que el Ministerio de Salud (MINSA) les dio un carné para
que fueran atendidos gratuitamente en los hospitales y Centros de Salud, y
para que se les diera el medicamento requerido, ya que en el Presupuesto
General de la República para 2006 hay una partida específica para ustedes.
¿Que pasó con todo eso?
-En el Centro de Salud Julio Durán, donde deberían atendernos, no quieren
reconocer nuestro carné porque el Manual de Procedimiento que se elaboró con
el gobierno en el marco de las negociaciones, habla de “enfermos del
Nemagón y no especifica lo de la IRC.
Intentamos explicarle al director del Centro de Salud, doctor Álvaro Reyes,
que el Nemagón no es la enfermedad sino el nombre de uno de los agrotóxicos
que nos perjudicaron a todos, pero no quiso escucharnos.
Además, en el Centro de Salud están atendiendo sólo a los que fueron
trabajadores del Ingenio San Antonio, y de todas maneras, nunca te dan
medicamentos. Nada de lo que acordamos y firmamos con el gobierno el 13 de
mayo de 2005 sobre asistencia sanitaria y medicamentos se ha cumplido. Los
doctores dicen que no ha llegado nada de lo que fue aprobado para nosotros
en el Presupuesto y que no hay recursos para medicamentos, exámenes y
análisis. La partida presupuestaria incluía también los gastos de transporte
para los que tienen que viajar a Managua para la hemodiálisis, pero nada de
eso ha llegado.
Nos sentimos frustrados y completamente fuera de los Acuerdos.
-Pero, ¿por qué no especificaron los dos grupos de afectados a la hora de
redactar el Manual de Procedimiento?
-Es lo que queríamos. El gobierno organizó talleres para capacitar a
nuestros Fiscales que iban a controlar el cumplimiento de los acuerdos en
los diferentes hospitales y Centros de Salud del país, pero al momento de
elaborar el Manual, nos dijeron que era mejor dejar sólo “enfermos del
Nemagón, porque allí íbamos incluidos todos y todas. Ahora los médicos no
quieren aceptarlo de esta manera y surgen estos problemas.
-Después de más de una año de la firma de los Acuerdos, ¿cuántas personas
pudieron acceder a la hemodiálisis?
-Hasta el momento nadie pudo someterse al tratamiento. La semana pasada
murió el señor Gonzalo López, uno de los afectados que entrevistaste en el
reportaje La Chatarra de Occident que publicó SIREL. El necesitaba
desesperadamente la hemodiálisis, pero nos contestaron que no había
recursos, ni siquiera para el traslado a Managua. Al final murió, como murió
también otro de los entrevistados, Rufino Somarriba, completamente
desbaratados, vomitando y orinando sangre. Como ellos, está muriendo una
gran cantidad de personas conscientes de lo que les está pasando.
-Nicaragua se vio afectada por una larga huelga del gremio médico. ¿Esto
pudo haber atrasado el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno?
-Es difícil evaluarlo, pero podría ser, aunque si el gobierno hubiera
querido cumplir con lo acordado ya lo habría hecho, por lo menos con los más
enfermos.
-¿Cómo está haciendo la gente para aguantar esta situación?
-El Instituto de Seguridad Social (INSS) lleva pequeñas cantidades de
medicamentos al consultorio que abrió en el Centro de Salud para atender a
los afectados por IRC. Cuando la gente pasa consulta sólo le recetan
vitaminas y calcio, y cuando eso se termina, ya no hay nada para nadie.
Nunca hay medicamentos específicos para las enfermedades graves que sufren
las personas. Esos tenemos que buscarlos en otro lado. Estamos hablando, por
ejemplo, de inyecciones de Eritroproiectina que ayudan a purificar la sangre
y que cuestan 68 dólares cada una. Tenemos muchas personas que necesitan
diez inyecciones al mes. ¿De dónde vamos a sacar esta cantidad de dinero, si
la mayoría de la gente es pobre, no tiene trabajo y sobrevive de la mísera
pensión que le pasa el INSS?
Al final, con la receta en la mano, venimos a Managua y vamos a pedir ayuda
a amigos y organizaciones que tengan contactos con grupos del extranjero,
para ver si nos ayudan a conseguir los medicamentos. Actualmente son casi
dos mil las personas en estado crítico y que necesitan ese tipo de
tratamiento ya que no les queda más que ponerse un rótulo que diga: Aquí
existieron riñones.
-Hace algunos meses comenzaron las negociaciones con el Seguro Social y
parecía que las cosas iban por buen camino. ¿Qué pasó entonces?
-Efectivamente, logramos que el INSS cambiara de oficina en Chichigalpa,
porque el antiguo local no era apto para atender a la gran cantidad de gente
que se presentaba todos los días.
Al contrario, el proceso para que los afectados y las viudas puedan tener
sus pensiones ha sido muy lento y los resultados muy pobres.
ver sección especial
Nos hemos reunido varias veces, pero con muy pocos resultados y nuestra
gente no tiene tiempo, porque se está muriendo o no tiene con qué vivir.
Parece que la gente del INSS no entiende o no se da cuenta de la gravedad
del caso. No hemos visto un verdadero avance en las cosas y nos topamos
siempre con los mismos problemas que ya hemos discutido hasta el hartazgo,
como el no querer reconocer el derecho a la pensión a los que no fueron
cortadores de caña, sino personal del Ingenio que trabajaba en otros
sectores pero que igualmente fueron afectados por los agrotóxicos.
-Desde que comenzaron las negociaciones con el INSS, ¿cuántas eran las
pensiones que estaban tramitando y a cuántas aprobaron?
-Al comienzo eran 383 pensiones, y en una primera etapa resolvieron 71,
quedando todavía 312 pendientes. Salieron pensiones de entre 700 y 1.000
córdobas (equivalente a 40 y 60 dólares respectivamente). En un segundo
momento aprobaron otras 64 pensiones, quedando 248 pendientes. El problema
fue que en todo ese largo proceso, casi 30 personas fallecieron y tuvimos
que depurar las listas y comenzar de nuevo los trámites, porque ya no era
una pensión para Riesgos Profesionales, sino para Viudez y Orfandad. Al
final, las pensiones que otorgaron en todos estos meses son una mínima
parte. Nuestra impresión es que están esperando a que todos se mueran para
no dar las pensiones. Ni siquiera ha mejorado el trato que están dando a las
personas en la sucursal del INSS de Chichigalpa, y se está desarrollando
otro fenómeno muy preocupante que es el extravío de documentos, lo que nos
obliga a comenzar de nuevo los trámites.
-Otro aspecto de su lucha es la reforma a la Ley 456 para que se reconozca
la IRC como enfermedad profesional y, sobre todo, para que sean beneficiados
con pensión todos los trabajadores de la agroindustria azucarera y no sólo
los cortadores de caña. En agosto de 2005 lograron acuerdos con la Asamblea
Nacional para que reformara la ley. ¿Hubo avances en ese punto?
-Absolutamente nada. Los diputados de la Asamblea Nacional no han dado
respuesta y están politizando todo el asunto. Hemos tenido contactos
directos con el Tercer Vice Presidente de la Asamblea Nacional, Orlando
Tardencilla, y con el diputado José Figueroa del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), firmante de los Acuerdos de agosto de 2005, pero
siempre nos dicen que hay que esperar, que el tema todavía no está en
agenda, y ya han pasado diez meses.
-¿Cómo piensan seguir esta lucha?
-No vamos a dejar de luchar, aunque la situación se vuelve cada día más
difícil y los niveles de mortalidad más elevados. Les pedimos a las
organizaciones que nos han ayudado, que han dado a conocer nuestra
situación, como es el caso de la UITA, de la sociedad civil nicaragüense y
de nuevos amigos y amigas que nos están contactando en esos días desde
Europa para brindarnos su solidaridad, que nos sigan apoyando.
En nuestro país, nuestras instituciones no quieren entender que este drama
de la IRC es una emergencia y una alarma nacional. Debería darles vergüenza
que tengamos que pedir ayuda afuera del país, para no seguir muriéndonos de
esa manera.
Pero creo que el sistema político de mi país ya perdió hasta la vergüenza.
Una vez, nuestro general Augusto C. Sandino dijo: “Mi maldito país”, y yo me
incomodé por esta expresión, pero ahora me estoy dando cuenta de que tal vez
tenía razón, no por su pueblo, sino por sus gobernantes.
-Próximamente va a haber una reunión con la Comisión Interinstitucional para
dar seguimiento a los Acuerdos. ¿Qué es lo que le van a plantear al
gobierno?
-Hace más de dos meses que no nos reunimos. Lo primero que le vamos a
preguntar a la ministra de Salud y coordinadora de la Comisión
Interinstitucional, Margarita Gurdián, será ¿dónde está la partida
presupuestaria que se aprobó y que tiene el MINSA para atender a los
afectados por IRC? Hasta el momento no hemos visto ni un centavo.
Vamos a tener que volver a presionar fuertemente a las instituciones que no
están dando respuestas o que las están dando de una forma demasiado lenta.
Nosotros seguimos la lucha junto con los compañeros y compañeras del
Nemagón, del 25 por ciento de la caña y del banano, y no vamos a dejar de
luchar hasta que nos den respuestas. Tampoco olvidamos que, después de que
se apruebe la reforma a la Ley 456, vamos a pedir una indemnización al
Ingenio San Antonio por los daños que nos ha causado en todos estos años.
A todas las personas que van a leer esta entrevista les pido que difundan
nuestra historia y la lucha que estamos llevando adelante en esta pequeña
ciudad de Nicaragua, Chichigalpa. Les pedimos que el mundo se entere de cómo
aquí la gente se muere, desechada como basura, de que aquí la vida humana ya
no vale nada, pero que estamos dispuestos a seguir en la lucha.